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243 funcionarios de la PNB han sido imputados por el Ministerio Público en dos años y medio


243 funcionarios de la PNB han sido imputados por el Ministerio Público en dos años y medio

Hace ocho años inició la Policía Nacional Bolivariana. El concepto de su creación era construir una policía humanista, preventiva y cercana a las comunidades. Sin embargo, en la actualidad, funcionarios de la PNB han sido denunciados e imputados por delitos comunes y violación a los DDHH

Solo 16% de los PNB imputados por el Ministerio Público han sido privados de libertad 

Caracas.- Cada cuatro días un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) comete un delito. El Pitazo contabilizó, de acuerdo con las notas prensa del Ministerio Público publicadas en su página web, que desde el año 2015 hasta junio de 2017 la Fiscalía ha imputado a 243 funcionarios de la PNB, esta cifra corresponde a la comisión de un delito cada cuatro días.

La actuación delictiva y contra los derechos humanos de los funcionarios de la PNB no solo viola la Constitución de la República, los tratados internacionales, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el Estatuto de la Función Policial y demás normas y reglamentos en la materia. También va en contra de la idea originaria de la PNB y de la reforma policial: la creación de una policía nacional más humanista, preventiva y cercana a las comunidades.

En dos años y medio 48 funcionarios de la PNB fueron imputados por homicidio, 47 por corrupción, 25 por secuestro, 24 por trato cruel, 14 por robo, 12 por extorsión, 11 por evasión de detenidos, 10 por tráfico de drogas, 10 por agresión, tres por hurto, tres por sustracción de armas y dos por lesiones. Asimismo, los funcionarios han sido imputados por múltiples delitos: 22 por tortura y abuso sexual, cuatro por tortura y homicidio, tres por abuso sexual, tres por robo y extorsión y dos por robo y trato cruel.

En el año 2015, el Ministerio Público imputó a 83 policías nacionales, en 2016 imputaron a 89 y en lo que va año ha imputado a 71. Las acusaciones se realizaron a funcionarios del Distrito Capital y de 15 estados de los 23 que conforman el país. Distrito Capital está a la cabeza con 56 imputaciones en dos años y medios, le sigue Lara con 23 acusados y Aragua y Cojedes con 22 cada uno. Sin embargo, de los 243 policías acusados solo 40 han sido privados de libertad, de acuerdo a las mismas notas publicadas por la Fiscalía.

Los casos no son aislados, los funcionarios de la PNB delinquen en conjunto. Algunos de los títulos de las 86 notas prensas revisadas por El Pitazo son: “Privados de libertad cuatro oficiales por pedir dinero a joven para no incriminarlo en caso de drogas”, “Ministerio Público acusó a 22 funcionarios de la PNB por torturar a dos hombres en Cojedes” y “Privan de libertad a dos efectivos de la PNB por muerte de joven en La Pastora”.

Asimismo, en los primeros cinco años de historia de la PNB (2010-2015), 101 policías nacionales violaron derechos humanos, según los informes anuales del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Solo en 2011, dos años después la creación de PNB, sus funcionarios habían asesinado a 12 personas, un promedio de uno al mes. Asimismo, integrantes de este organismo violentaron en 2014 el derecho a la vida de 23 personas, ubicándose en el segundo lugar de los cuerpos de seguridad del estado con carácter nacional que realizaron más ejecuciones: 10,45% de los casos registrados. Por encima de la PNB solo se ubicó el CICPC, con 86 asesinatos.

En 2015 la PNB fue el tercer cuerpo de seguridad del Estado en el ámbito nacional que más violó la integridad personal, con un registro de 82 casos. El primer cuerpo de seguridad fue el CICPC con 208 casos y el segundo Guardia Nacional con 166.

La Conarepol y la nueva ley de servicio policial

El 10 de abril de 2006 salió publicado en Gaceta Oficial la resolución 124 firmada por Jesse Chacón Escamillo, ministro de Interior y Justicia en aquel momento. La resolución establecía la creación de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). “Urge construir, a través de la más amplia consulta popular, un nuevo modelo policial más humanizado, eficiente y transparente, a fin de acometer una profunda reestructuración, depuración y reforma en los órganos de Seguridad Ciudadana de todo el país”, reza la resolución sobre el motivo de la constitución de la Conarepol.

Luis Gerardo Gabaldón, criminólogo e integrante de la Conarepol, argumenta en un texto publicado por Redalyc que la creación de la Conarepol estuvo motivada por los escándalos ocurridos en los seis meses anteriores donde estuvieron involucrados funcionarios de los cuerpos policiales. Entre ellos, Gabaldón menciona la masacre de la Urbanización Kennedy en Caracas, donde varios estudiantes universitarios murieron en un dudoso operativo policial; el secuestro y asesinato de un empresario en el estado Aragua; así como el secuestro y asesinato de dos hermanos, hijos adolescentes de un comerciante en Caracas y su chofer.

La función de dicha Comisión, según lo establece el artículo dos de la resolución, era elaborar el diseño, evaluación, diagnóstico, planificación y estructuración de las propuestas de reforma que comprenderían las normas, currículo, organización de los recursos logísticos, control interno, bienestar policial, relaciones con la comunidad, formación, capacitación, reclutamiento, selección, adiestramiento y régimen disciplinario de los funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana.

La Conarepol estaba integrada por un equipo multidisciplinario que contó con la participación del gobierno, defensores de los derechos humanos y académicos. Sin embargo, Gabaldón advierte que hubo poca participación policial en el diseño de la reforma. Además señala que esa carencia es uno de los factores que no permitieron la aplicación cabal de la reforma policial. “Ninguna reforma llegará a ningún punto sin la activa participación de la policía”, escribió Gabaldón.

La Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana fue publicada el siete de diciembre del año 2009, después de la corrección de la primera ley de servicio policial publicada un año antes.

Gabaldón comenta en su artículo, publicado en el año 2013, que la implementación de la reforma sufrió los “vaivenes de la política”. La “Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional fue promulgado el 26 de febrero de 2008, con cambios de última hora efectuados por la Comisión Revisora de la Vicepresidencia de la República. Estos cambios se tradujeron, principalmente, en la modificación del perfil del Consejo General de Policía, del organismo colegiado a la cabeza del sistema policial a instancia de asesoría y participación, la eliminación de las facultades de los estados y municipios para definir políticas y planes de seguridad a nivel regional, la concentración del poder de habilitación de los cuerpos policiales en el Ministro del Interior y Justicia, así como la eliminación de garantías procesales y judiciales para las medidas de intervención y suspensión de los cuerpos de policía”, escribió.

Asimismo, en el artículo 35 de la mencionada ley se crea el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con 10 años de retraso ya que el artículo 332 de la Constitución de 1999 contemplaba la creación de un cuerpo de seguridad policial a nivel nacional.

243 funcionarios de la PNB han sido imputados por el Ministerio Público en dos años y medio

Desde el año 2014 Ronald Blanco La Cruz es el rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) 

La reforma aún no cumple la idea originaria y el ejecutivo lo reconoce

La comisión de delitos y la violación de los derechos humanos por parte funcionarios de la PNB transgrede al menos siete artículo de su propia ley. El fracaso de la reforma policial fue reconocido en el año 2016 por el ejecutivo. Por ello, el 16 de septiembre de 2016 Nicolás Maduro, presidente de la República, publicó en Gaceta Oficial el decreto 2.458 que creaba la Comisión Presidencial para la Reestructuración Integral del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

El decreto en su artículo 2 establece como objetivo de la Comisión diseñar “un plan para retomar la visión y misión originales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, como institución fundamental en la construcción y consolidación del nuevo modelo policial venezolano, de carácter esencialmente preventivo y popular”.

Asimismo, el artículo 10 del decreto contempla que 30 días luego de su publicación la Comisión debía presentar un informe y el plan de reestructuración que se debía llevar a cabo en los siguientes 90 días, prorrogables por Maduro. Sin embargo, actualmente se desconoce el estatus del plan de reestructuración de PNB.

El Pitazo solicitó el día 23 de junio, por medio de una comunicación escrita, una entrevista con el rector de la Universidad Experimental de la Seguridad Nacional y para la fecha de publicación del reportaje, la solicitud había sido contestada. Asimismo, el día 26 de junio El Pitazo solicitó vía correo electrónico una entrevista con el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, Pablo Fernández Blanco. La última solicitud fue negada por no disponer de tiempo.

La militarización de la policía, una vuelta al pasado

Inti Rodríguez, coordinador de monitoreo, investigación y difusión de Provea, comenta que el diagnóstico que llevó a cabo la Conarepol evidenció que la policía en Venezuela era sumamente corrupta y violadora de derechos humanos. Lo que explicaba esa forma de actuar de las policías era precisamente la profunda concepción militarista de los mandos policiales.

Luego del diagnóstico, explica el especialista, se empezó a hablar de la construcción de un nuevo modelo policial desmilitarizado, que se adaptara a los estándares nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, Rodríguez explica que desde el año 2005, con la reforma del Código Penal, se empiezan a detener y a imputar a manifestantes. A partir de ese momento empiezan a afinar los mecanismos de represión por la vía jurídica, judicial y física.

“Todo el proceso fue gradual, el presidente Chávez tenía niveles de popularidad importantes, podía torear con la conflictividad social de una forma distinta a como lo está haciendo Nicolás Maduro. Cuando Maduro asume, lo hace en una situación de crisis económica e inestabilidad política y en vez de propiciar la búsqueda de consenso y respuesta a la crisis, asumió el camino de afinar aún más esos mecanismos represivos para garantizar su estabilidad. Esto ocurre porque los intereses de quienes gobiernan están por encima de la ciudadanía”, comenta el especialista.

Desde 2013 comenzó un proceso de remilitarización de las labores de seguridad ciudadana y del control del orden público en una lógica de combate del enemigo interno que explica el abandono del nuevo modelo policial, analiza el activista. “En 2014 hay un desplazamiento de la autoridades civiles de la UNES, se desplaza a la rectora Soraya El Achkar, que era una rectora civil, y todos los mandos de las policías comienzan a ser sustituidos por los militares. Con esto cambió toda la concepción civilista y se dio paso a una concepción militar”, asegura.

La militarización de la policía es inconstitucional, según Luis Izquiel, abogado y criminólogo. El especialista explica que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad ciudadana no está prevista en la constitución. Además agrega que esta situación favorece los excesos porque los militares están formados para aniquilar al enemigo, para la guerra, y la seguridad ciudadana no funciona bajo esa lógica.

Aunado a la militarización de la policía, Rodríguez explica que existe un permanente aliento de los altos funcionarios del Estado para que los funcionarios policiales actuaran como lo están haciendo en este momento. Comenta que hay un nivel de investigación y de sanción a los funcionarios muy bajo. “El propio Ministerio Público reconoció en el año 2014 que 98% de los abusos contra los derechos humanos quedan impunes en el país, y quienes comenten estos son abusos son policías y militares. Esto propicia un ciclo interminable de violación a los derechos humanos”.

La masificación de la formación

Izquiel comenta que una de las causas del fracaso de la reforma policial obedece a la calidad de la formación. “Hay denuncias de personas que han dado clases en la Universidad de la Seguridad que señalan que la formación allí es más ideológica que técnica. Además, son funcionarios que se gradúan en forma exprés, esos policías salen graduados en seis meses”, asegura.

Explica que nunca hubo una formación óptima desde el punto de vista técnico. Asegura que siempre se prefirió la masificación que la calidad y por eso existen denuncias en contra de los funcionarios de la PNB inmersos en la comisión de delitos. Además advierte que algunos funcionarios tienen registros policiales anteriores a su ingreso al cuerpo de policía.

“La UNES creó muchas expectativas en Venezuela porque iba a mejorar la educación de los policías en el país. Pero vino fue a empeorar la formación de los funcionarios policiales, porque centralizó la formación y acabó con muchos institutos autónomos de municipios y estados. La UNES también creó una anarquía porque absorbió a el IUPOLC y el Instituto Penitenciario y mezcló la formación de la policía preventiva con la policía de investigación y los penitenciaristas”, explicó.

El abogado y máster en criminología, Keymer Ávila, comenta que el resultado del diagnóstico de la Conarepol fue plasmado en la ley del 2009. Agrega que en términos de diseño y de orden normativo es un avance “fenomenal” que incluso cree que puede ser referente en la región.

Ávila advierte que el problema fue la aplicación, la voluntad política. “Allí hay un montón de intereses. El propio aparato policial se resiste a esos cambios, pero al aparato militar tampoco le conviene el nuevo modelo policial porque es de carácter civil y le quita competencias y señorío en la calle”, explica.

Otro problema que señala el especialista es la hipertrofia policial. Comenta que hubo un incremento no bien evaluado de más de 20% de la tasa de encuadramiento (promedio internacional donde se divide la cantidad de habitantes entre la cantidad de policías).

“Ya en el año 2006 Venezuela estaba por encima de la tasa de encuadramiento. Para el año 2015 ya eran más de 14 mil funcionario. Cómo se garantiza entonces el control y el seguimiento cuando tú sacas a esos funcionarios a la calle con armas de fuego, dónde están los procesos de selección y capacitación. Eso pudiera estar incrementando nuestros problemas de inseguridad”, argumenta.

El especialista aclara que la reforma policial por sí sola no iba a reducir la criminalidad en el país, como fue una de las promesas, porque la seguridad no depende solamente de las policías. Tiene que ver con un fortalecimiento del estado de derecho, de políticas sociales efectivas y universales, de la presencia del estado de manera permanente y de la credibilidad en el sistema de justicia.

Comenta que, incluso, la presencia del Estado en las satisfacciones de necesidades básica de manera institucional influye en la seguridad. “La reducción de la comisión de delitos y de la violencia no basta con una reforma policial, así se hubiese implementado no era suficiente”, concluye.


Distrito Capital | El Pitazo







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