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Instan al MP solicitar antejuicio de mérito para rectoras del Consejo Nacional Electoral


Instan al MP solicitar antejuicio de mérito para rectoras del Consejo Nacional Electoral

Hoy fue entregado en la fiscalía un documento que instan al Ministerio Público a que inicie las investigaciones pertinentes, o solicite antejuicio de mérito, a los rectores del Consejo Nacional Electoral, y cómplices si los hubiere, por los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de fondos públicos.   

Nota de prensa

Esta solicitud fue realizada por los abogados Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte quienes indican que según declaraciones de la rectora presidente del CNE, Tibisay Lucena, se convocará a elecciones para Asamblea Nacional Electoral Constituyente, sin haberse realizado primero el respectivo referendo consultivo.

Igualmente, “anunció fecha para el acto comicial y se modificó la data del registro electoral, al ubicar a electores en determinados sectores, o se les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales; elementos que son contrarios a Derecho, cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y leyes, depende de la ciudadanía, y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares”, enfatizó el abogado Arteaga Sánchez.

Presupuesto 2017, fuera de Ley

Otra de las denuncias introducidas este jueves tiene que ver con la Ley de Presupuesto del año 2017, la cual aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial; lo que implica que no se conoce todo su articulado. “No es suficiente, que se indique el número del decreto y se diga que será publicado en una Gaceta Oficial no editada, ya que esta falta de publicidad compromete la transparencia y legalidad de la ejecución presupuestaria, incluyendo los créditos adicionales para elecciones y/o consultas del año 2017, imputados al CNE, contenidos la Gaceta Oficial 6.299, del 16 de mayo de este año, donde está el decreto Nº 2.867”, recalcó Artega Sánchez.



Alberto Arteaga Sánchez, Carlos Simón Bello Rengifo, Fernando Fernández, Yván Figueroa Ortega, Rafael Quiñones Urbáez y Ángel Zerpa Aponte, acudimos ante la Fiscalía General de la República y consignamos diversas denuncias que instan al Ministerio Público a que, en vista de los hechos que se narran, inicie las investigaciones pertinentes o solicite antejuicio de mérito para los rectores del Consejo Nacional Electoral, y cómplices si los hubiere, por  los delitos de conspiración, abuso de autoridad, violación de tratados internacionales y malversación.  El primero se basa en que, según declaraciones de la rectora presidente de dicho organismo, se convocará a elecciones para Asamblea Nacional Electoral Constituyente, sin haberse realizado primero el respectivo referendo consultivo, y se ha procedido a la inscripción de los respectivos candidatos. También anunció fecha para el acto comicial, y se ha modificado la data del registro electoral al ubicar a electores en determinados sectores, o se les ha calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales, lo que es contrario a Derecho cuando no existe una declaración de voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo con la Constitución y leyes, depende de la ciudadanía, y no de determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber contado con la complicidad de particulares. Por tanto, al convocarse a unas elecciones cuyas bases no han sido aprobadas por el pueblo, como titular originario del poder constituyente, se atenta contra la forma política de la Nación. Esta conducta también puede ser considerada como abuso de autoridad y violación de tratados internacionales, que consagran la democracia como un derecho humano.

Otra de las denuncias tiene que ver con la materia presupuestaria, pues la ley de presupuesto del año 2017 no ha sido, hasta hoy, publicada en Gaceta Oficial. Publicar significa dar a conocer todo el articulado de la ley, no es suficiente, que se indique el número del decreto y se diga que será publicado en una Gaceta Oficial no editada. Esta falta de publicidad compromete la transparencia y legalidad de la ejecución presupuestaria, incluyendo los créditos adicionales para elecciones y/o consultas del año 2017, imputados al CNE, contenidos la Gaceta Oficial 6.299, del 16 de mayo de este año, donde está el decreto Nº 2.867. El Ministerio Público debe determinar si hay o no delitos, y proceder en consecuencia. El pueblo tiene derecho a saber cómo y para qué se administran los fondos públicos que en definitiva son de todos los venezolanos.

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