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Denuncian violación del debido proceso a más de 30 estudiantes detenidos en Coro


Denuncian violación del debido proceso a más de 30 estudiantes detenidos en Coro

El Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, Gregorio “Goyo” Graterol denunció la noche de este martes la violación de los derechos de más de 30 estudiantes detenidos por los cuerpos de seguridad del estado y que fueron presentados ante la justicia militar, a quienes les fue ratificada la medida de privación de libertad y su traslado hasta la cárcel de Ramo Verde.

Graterol Quien se encuentra junto a los familiares a las puertas de la Base Naval de Punto Fijo, indicó que “hoy les fue ratificada la privación de libertad a 19 estudiantes, y estamos esperando por el traslado de otros 22 jóvenes a quienes la Zodi de Falcón, de oficio, le arrebató las competencias al fiscal primero del estado Falcón quien ya llevaba las investigaciones y los había puesto a las órdenes de los tribunales civiles”.

El parlamentario dejó claro que esta acción se convierte en una violación de lesa humanidad contra los estudiantes, “son jóvenes civiles, no cometieron delitos y menos delitos militares, por lo que deben ser juzgados por su juez natural en la jurisdicción civil, la privación de libertad a través de los órganos militares es un delito de lesa humanidad”, precisó.

Denunció además que existen otras violaciones y agravantes con el uso de la justicia militar en el caso de los estudiantes detenidos, “ni siquiera a los defensores privados se les permitió la entrada, las audiencias se llevaron a cabo sin la presencia de la defensa privada y se les asignó, sin su consentimiento, un defensor público militar”.

Gregorio “Goyo” Graterol remarcó que otra violación fue la asignación como sitio de reclusión la cárcel de Ramo Verde, a donde serían trasladados el miércoles en horas de la mañana, alejándolos así de sus familias y entorpeciendo las acciones para que pueda realizarse una defensa efectiva por parte de sus abogados.

El diputado y dirigente Regional de Primero Justicia le recordó a los funcionarios militares, jueces y fiscales que “estos son delitos de lesa humanidad que no prescriben y tienen alcance universal”.

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